Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, presentaron un proyecto de declaración para expresar profundo repudio por el sumario que inició el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a la señal televisiva La Nación+ con relación a los dichos de las periodistas Laura di Marco y Viviana Canosa, basado en una interpretación forzada de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y violando el derecho humano consagrado en el artículo XIII de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y pensamiento.
El ENACOM inició acciones punitivas contra el canal y las periodistas por considerar que sus declaraciones en relación a la Vicepresidenta de la Nación y su hija resultan “violentas, agraviantes y discriminatorias”.
En el marco del programa “+Viviana”, conducido por Viviana Canosa, se entrevistó a la periodista y escritora Laura Di Marco, quién habló de los problemas de salud de la hija de la expresidenta. Di Marco aseguró que la información vertida estaba fundamentada en investigaciones periodísticas y no en meras opiniones.
En el proyecto de declaración, los legisladores expresan que “en los últimos años hemos visto cómo la libertad de prensa en nuestro país ha sido atacada y vulnerada en reiteradas oportunidades. Más allá de la gravedad que implica esto por el hecho en sí mismo, que sea el Estado el que perpetúa estas vulneraciones resulta de una gravedad extrema y merece nuestro repudio”.
Banfi sostuvo que “los dichos de la periodista fueron cuestionados por todo el arco oficialista, llevando al ENACOM a iniciar un sumario al canal, forzando la interpretación de la Ley 26.522 y buscando sancionar a medios y periodistas por sus opiniones. Impulsar medidas administrativas que penalicen las opiniones de los periodistas y los medios de comunicación es un atentado contra la libertad de prensa”.
Asimismo, la diputada radical sostiene: “Esta acción que pretende llevar adelante el Estado a través del ENACOM pone en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, los dichos de un periodista pueden ser repudiables por la opinión pública conforme a responsabilidades ulteriores, pero nunca puede ser condenable por un órgano estatal sin decisión judicial previa”.
“El antecedente que sentaría este caso, podría ser fatal para el ejercicio libre de nuestros derechos. Además, la aplicación de sanciones administrativas ante el conflicto en la aplicación de otros derechos, como puede ser la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, debe decidirlo un juez, nunca un órgano estatal”.
Acompañaron el proyecto los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio Pablo Torello, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Soher El Sukaria, Mercedes Joury, Juan Martín, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Martín Tetaz, Ricardo Buryaile, Manuel Aguirre, Lidia Ascarate, Sabrina Ajmechet, Laura Carolina Castets, Marcela Coli, Pedro Galimberti y Carlos Zapata.
