“Fabiola Yáñez perdió otra vez. La Cámara Contencioso Administrativo me dio la razón. La primera dama debe explicar sus gastos, cuántos empleados tiene y qué agenda llevó durante la cuarentena. La Ley de Acceso a la Información es clara, tiene 15 días para brindar todos los datos”, fue el anuncio que efectuó la diputada nacional Karina Banfi sobre un reciente fallo judicial.
Banfi había iniciado un recurso contra la Secretaría General de la Presidencia para que entregue la información solicitada sobre el uso de fondos públicos, de los empleados y las actividades de Fabiola Yáñez durante la ASPO de 2020, que desfilaban por Olivos.
Después de un fallo favorable dictado en julio, la Secretaría General decidió apelar poniendo una nueva traba burocrática y violando una vez más el derecho de acceso a la información pública.
En su momento argumentó falazmente que ya entregó la información solicitada, pero nada explicó sobre Sofía Pacchi, que decía que fue empleada de la Primera Dama, o Emmanuel López, que circulaba como empleado de Yáñez. “¿Quién trabaja para la Primera Dama?”, se preguntó oportunamente la diputada radical.
Banfi decidió responder rechazando el recurso de apelación y solicitó que se confirme lo resuelto en la sentencia apelada, que ahora fue refrendada por la Cámara Contencioso Administrativo.
“El acceso a la información es un derecho humano amparado no solo en nuestra Constitución, sino por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La apelación desnuda una postura negadora de este derecho y un empecinamiento preocupante y retrógrado en pos del secreto de Estado”, sostuvo Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina.
“La apelación al fallo fue una maniobra más para seguir ocultando el uso que realiza la Primera Dama de los fondos públicos y seguir encubriendo el escándalo que se desató con el Olivosgate”, sentenció.
