Un día como hoy, en 1985, comenzaron las audiencias orales del juicio a las Juntas Militares con la declaración del excandidato presidencial peronista, Ítalo Argentino Lúder, quien había adelantado en campaña que los efectos jurídicos de la ley de amnistía eran “irreversibles”.
El presidente Raúl Alfonsín derogó la norma con el decreto 158, el 15 de diciembre de 1983, y así cumplió con la palabra empeñada en cada acto de campaña. Ese mismo día, creó la CONADEP, a pesar de la oposición del peronismo y las Madres de Plaza de Mayo. Ordenó enjuiciar las violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1982. Jamás en la historia global se había llevado a juicio a tres expresidentes de facto. El delito de desaparición de persona no se juzgó porque no existía en la legislación vigente.
Andrés D’Alessio fue el encargado de salir a armar el rompecabezas de una Cámara de Apelaciones que estuviera dispuesta a hacer historia. De los seis camaristas, Ricardo Gil Lavedra fue el más joven, con tan solo 36 años. Dos de sus compañeros (Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco) habían planteado la nulidad de la ley en una causa iniciada por la desaparición de Ricardo, el hijo de Marcos Zucker. Un hombre del peronismo, León Arslanian, y Jorge Valerga Araoz, completaron el team.
Los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo presentaron, en tiempo récord, 670 casos para fundamentar la acusación. Al inicio del juicio había 1086 causas iniciadas, a ellas deben sumarse los casi 9000 casos de desapariciones forzadas denunciados ante la CONADEP.
En el juicio declararon 833 personas; 287 de ellas, mujeres; 64 militares; 15 periodistas; 14 sacerdotes; y 13 de origen extranjero. Fueron acreditados 672 periodistas.
La sentencia contestó alrededor de 22000 preguntas, y la causa se calcula que pesó tres toneladas. Las denuncias que llegaron desde fuera del país pesaron alrededor de 700 kilos.
Por orden de los jueces, solo se emitieron imágenes sin sonido mientras se desarrolló el juicio. Si bien ATC grabó todas las jornadas, solo el 9 de diciembre de 1985, día de la lectura de la sentencia pudo verse en vivo y en directo por todos los canales.
Jorge R. Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua; Roberto E. Viola, 17 años; Armando Lambruschini, 8 años; y Orlando R. Agosti, 4 años y 6 meses de prisión.
Las audiencias duraron 900 horas y se grabaron en 147 casetes. Tras las rebeliones carapintadas fueron trasladadas a Oslo, Noruega, por los propios camaristas y algunos de sus familiares. Allí están en una sala blindada.
Ese mismo año, Brasil y Uruguay con José Sarney y Julio Sanguinetti emularon el proceso político que aquí inició Alfonsín. Mientras, por primera vez, el aprismo llegó al poder en Perú con Alan García.
En noviembre, la UCR ganó la primera elección de renovación parlamentaria en todo el país. Perdió solo en cuatro distritos.
Mientras tanto, Alfonsín debió superar tres alzamientos militares y las presiones castrenses en favor de una amnistía que se negó a firmar.
Finalmente, entre 1989 y 1990, el primer presidente peronista en la democracia recuperada, firmó los indultos que ordenaron la libertad de los comandantes y de centenares de procesados y condenados, tanto de la represión ilegal como de los levantamientos carapintadas. Y en paralelo, también de las cúpulas guerrilleras.
Rodrigo Estévez Andrade
Licenciado en Periodismo
