“La situación económica y social de la Argentina es dramática y angustiante. A la pérdida sostenida del poder adquisitivo de la población en los últimos años -en especial de los sectores más desfavorecidos-, se le suma una estampida de aumento de precios en todos los rubros y los incrementos en los servicios públicos en los últimos meses. El deterioro de todos los indicadores en la gestión anterior atenta contra las perspectivas que tiene el país para afrontar un camino de recuperación y de desarrollo”, expresa el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en un documento titulado “Primero los hogares”.
En el mismo efectúa una descripción de la realidad de estos días con el alto costo inflacionario, las pretensiones del Gobierno nacional de promover transformaciones que repercutirían aún más en el bolsillo y lo que implicaría, como ejemplo, la eliminación del subsidio al gas.
“Esta situación, debe y puede subsanarse si se prioriza la racionalización del gasto público en aspectos superfluos y en los incentivos adecuados para un desarrollo sostenible sin déficit ni endeudamientos que hipotequen nuestro futuro”, sostiene la UCR que presidente Maxi Abad. “Pero todo proceso de ordenamiento y de racionalización de las cuentas públicas debe incluir la potestad estatal de colaborar con las necesidades impostergables de la población”, agrega.
“El proyecto de Ley Ómnibus del oficialismo pretende -entre otras modificaciones- desarticular una política de protección a los hogares en materia de consumo del servicio de gas. El llamado Fondo Fiduciario del Sector Energético que la administración nacional busca transformar supone la eliminación de esa contribución estatal al acceso y al consumo de los hogares”, indica, y que de concretarse “la consecuencia directa de dicha modificación es el encarecimiento de al menos el 1000% en cada factura de cada hogar -de los más necesitados- en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires al menos”.
Finalmente, el Comité UCR se compromete a “trabajar con nuestros legisladores y con otras fuerzas políticas para preservar la vigencia de la llamada ‘Ley de Zona Fría’ y la permanencia de la participación estatal en la protección del consumo de los hogares. Primero las necesidades básicas. Primero la población”.
