Diputados del bloque de la UCR demostraron preocupación por la ausencia de un plan educativo post-cuarentena y criticaron con dureza al ministro Nicolás Trotta por haber rechazado el protocolo de “Espacios digitales” que presentó el gobierno de la Capital Federal. Además, lo acusan de haber “partidizado” el derecho a la educación.
La diputada Carla Carrizo (UCR-Capital Federal) presentó un pedido de interpelación a Trotta y alegó que “la partidización de la política educativa vulnera derechos básicos garantizados por la ley 26.061 a la infancia y adolescencia en Argentina”.
“La escuela argentina no solo educa, también cuida porque detecta casos de violencia intrafamiliar que aumentaron en cuarentena. ¿Qué estrategia tiene el Ministerio para evitar el abandono escolar de niños, niñas y adolescentes más vulnerables del sistema educativo en el resto de los 23 distritos?”, consideró Carrizo.
Y añadió: “Convocamos a todos los Ministros de Educación del país a discutir en el Congreso las medidas de protección y cuidado educativo selectivo para la infancia vulnerable en el contexto de pandemia”.
Por su parte, la diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba), quien presentó hace dos semanas un proyecto de ley para declarar la Emergencia Educativa en todo el país, afirmó: “Un millón de chicos y chicas están dejando la escuela. Sin embargo para el Gobierno Nacional, la educación no es una actividad esencial. Boicotear las propuestas para volver a clases los hace responsables de esta “catástrofe generacional”.
“Como siempre eligen el relato a los datos. Hablan de estigmatización pero ignoran a más del 20% que está con la ñata contra el vidrio sin poder conectarse. Quieren correr por izquierda, pero es imposible si el pacto corporativo que aceptaron implica tener las escuelas cerradas”, sostuvo Austin.
Además, dijo que “no hay peor defección de la educación pública que correr de la escena a la escuela como actor social. Ya repartieron cuadernillos en supermercados, ahora vendrá el tiempo de su red militante para tercerizar el rol de la escuela. Abrir los comedores escolares también es urgente”.
Y explicó: “Queremos declarar la emergencia educativa para que sean las jurisdicciones quienes decidan de qué modo plantear la reapertura. Y para que el Estado Nacional disponga de recursos para los programas de acompañamiento que hacen faltan”.
“Da mucha bronca la actitud del ministro Trotta que en vez facilitar recursos y programas para quienes más lo necesitan, oculta su propia impotencia prohibiéndole a CABA ejercer el derecho a decidir el modo de la vuelta al cole progresivo y con foco en quienes más lo necesitan. Otra vez, priorizan la grieta y los acuerdos corporativos al verdadero derecho que iguala oportunidades y emancipa a los pueblos: la educación”, concluyó.
Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) señaló: “No cabe la indiferencia. La buena iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de apoyo presencial a los alumnos con dificultades en los métodos virtuales no puede ser rechazada por razones oportunistas y de cálculo pequeño por parte del Gobierno nacional”.
Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) destacó que “todos los niños y niñas tienen derecho a la educación y es obligación del Estado asegurarlo. Está en juego la vida presente y futura de una generación, pero Nicolás Trotta obstaculiza el acceso a este derecho humano crucial para las infancias y adolescencias”.
“Sólo un 40% de los estudiantes argentinos tiene un contacto diario con la escuela. Entre un 8% a un 21% no tienen retroalimentación por parte de sus docentes y 4 de cada 5 escuelas no tienen vínculo pedagógico sincrónico”, dijo, y agregó: “En Argentina había 11 millones de estudiantes en más de 64.000 escuelas públicas y privadas en los distintos niveles educativos. Una educación que ya tenía un matiz desigual, la pandemia lo profundizó. La escuela cumple un rol de socialización clave. Volver a las aulas es urgente”.
Dolores Martínez (UCR-CABA) consideró que “el derecho a la educación no puede quedar atrapado en disputas políticas. Miles de chicos y chicas han perdido contacto con la escuela durante la pandemia. El rechazo del ministro Trotta al protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la apertura de “Espacios digitales” recorta un derecho humano y esencial como la educación. A nivel nacional tampoco hay respuestas”.
“La comunidad educativa ha venido haciendo enormes esfuerzos para impulsar y mejorar día a día la educación a distancia. El ministro debe profundizar el diálogo y buscar consensos para mejorar el protocolo y así garantizar los derechos de los chicos y chicas”, expresó.
Y concluyó: “Los efectos de la pandemia a largo plazo en educación son graves y necesitan respuestas concretas hoy, no en 2021. Por eso acompañamos los proyectos de resolución de Carla Carrizo para que la Cámara cite para la interpelación a Trotta, así como solicitarles al Gobierno y al Consejo Federal de Educación informen el estado de situación a nivel nacional”.
