Un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para los negocios móviles, conocidos como “Food Trucks”, fue presentado por la diputada radical Vanesa Zuccari.
La finalidad es que las actividades que se desarrollen en la provincia de Buenos Aires cuenten con un marco legal único.
Zuccari considera otorgarle un reglamento para la habilitación de los negocios móviles y la creación de áreas de trabajo, para la elaboración y comercialización de bienes y servicios, mediante la unificación de criterios de regulación en los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Junto a la legisladora acompañaron la propuesta el presidente del bloque Juntos, Maxi Abad; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Adrián Urreli; la diputada Melisa Greco y representantes de la Cámara Argentina de Negocios Móviles.
“Este sector presenta un gran potencial para impulsar a las pymes bonaerenses”, expresan los fundamentos. “Este tipo de negocio es perfecto para los emprendedores a cualquier escala, en virtud de que no solo es aplicable para nuevas empresas, sino que también puede ser una rama añadida a algún negocio establecido, brindando una ventaja competitiva, al consolidar clientela y ofrecer nuevos puntos de venta que le permiten ampliar sus mercados”.
Asimismo, interpreta que la actividad es una opción innovadora en la oferta económica “que puede ampliar sus fronteras hacia nuevas prestaciones, servicios y demandas de los consumidores, y que su evolución en todo el país, se debe a que es común encontrarlos en ferias gastronómicas y de servicios, eventos turísticos, artísticos, exposiciones feriales, fiestas locales, entre otros, hace evidente la necesidad de generar un marco legal que apoye y promueva la habilitación y explotación de este modelo económico”.
Destaca a la Cámara Argentina de Negocios Móviles, que nuclea a cientos de pymes y permite lograr un desarrollo colectivo para el rubro, y que la mayoría de los negocios móviles son MiPyMEs familiares que han decidido profesionalizar e innovar la prestación de sus servicios.
El proyecto propone “estandarizar los requisitos de habilitación y los permisos de instalación en las áreas de trabajo, procurando promover un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental, además de establecer normas de sanidad, seguridad e higiene y de calidad ambiental que generen confianza en los consumidores”.
