Desde hace cinco meses, los argentinos nos encontramos atravesando una situación inédita y adversa producto de la pandemia que sufre el mundo, la cual se ve agravada por la modalidad de cuarentena eterna que el Gobierno elige para enfrentarla. Una cuarentena con enormes perjuicios en materia económica y psicosocial, con una sociedad que tiene puestos sus esfuerzos en pelear el día a día por esa economía que se desmorona y sobrellevar la incertidumbre ante el aumento de los contagios.
Se siguen sumando nuevos capítulos de la connivencia entre el poder y la Justicia que allanan el camino para el avance de la impunidad
En medio de todo esto, se siguen sumando nuevos capítulos de la connivencia entre el poder y la Justicia que allanan el camino para el avance de la impunidad. En esta oportunidad me refiero a uno de los casos emblemáticos de la corrupción, como la causa de Ciccone, Boudou, The Old Fund y el gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y tres funcionarios fueron acusados en 2012 de tener participación en la contratación de la firma The Old Fund por $7.600.000 por un supuesto asesoramiento de la deuda pública de Formosa con el Estado nacional. Durante la misma instrucción se determinó que se «simuló un asesoramiento para la reestructuración de esa deuda». Es decir, un contrato de consultoría de forma irregular. Cabe recordar que The Old Fund era una firma sin experiencia y sin actividad comercial antes de quedarse con Ciccone.
Ahora, el juez Lijo se declaró incompetente para juzgar al gobernador Insfrán y esos tres funcionarios, y ordenó que la investigación pase a manos del Juzgado de Instrucción y Correccional de Formosa. Es decir, se ordena que la propia Justicia provincial, que ya había archivado la denuncia por esta causa en 2012, se haga cargo de la investigación. El pedido de Gildo Insfrán a Ariel Lijo respecto de incompetencia se basó en que si bien existen fondos públicos nacionales, «la imputación es un acto liso y llano de acto de gobierno provincial por un gobernador».
La propia Oficina Anticorrupción consideró que ese planteo era un disparate. No solo porque el expediente principal fue tramitado por el fuero, sino que además producto de ese trámite existen situaciones procesales al respecto. Intentar separar esto es ir contra la verdad de un entramado de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos nacionales y provinciales que debe dilucidarse en el ámbito federal.
No puede haber desdoblamiento de hechos bajo ningún punto. Es ilógico que el juez federal entienda que se viola una ley provincial pero que deje la responsabilidad de Insfrán y exfuncionarios a criterio de la Justicia local. La misma defensa de Boudou opinó que no podían prosperar los pedidos en ese sentido, manifestando en su dictamen que no se pueden separar los hechos atribuidos.
En los últimos días, el fiscal federal Jorge Di Lello apeló esta medida, ya que para él las imputaciones a Amado Boudou, sus socios y los funcionarios formoseños refieren a los «mismos hechos». Con esta apelación de Di Lello, ahora será la Cámara Federal la que resuelva si el expediente queda radicado en Comodoro Py o se desdobla.
La Cámara deberá demostrar en los próximos días que la igualdad ante la ley no es una mera declaración de buenas intenciones y que podemos contar con una Justicia independiente que no solo se erige sobre el ciudadano de a pie, sino que también mira e investiga los entramados del poder.
En medio de una realidad angustiante y frente a poderosos que aprovechan ese contexto para buscar impunidad, veremos si la Justicia llega finalmente a tiempo, y si podemos contar con una república donde tener el poder no sea la puerta para desviar la verdad y torcer lo que tiene que ser justo.
Senador nacional por Formosa y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio
