El ultimátum surge después de múltiples reclamos administrativos realizados por Banfi en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el pasado 5 de agosto. Desde entonces hasta la fecha la Secretaría General de Presidencia puso diferentes trabas burocráticas para no rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la Primera Dama. La oficina violó todos los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para finalmente mandar fuera de término una respuesta incompleta que incumple los principios fundamentales de la ley 27.275 de transparencia, máxima divulgación, máximo acceso y máxima premura.
Ante los sucesivos reclamos administrativos de Banfi ante de la Agencia de Acceso a la Información solicitando que la Secretaría General de Presidencia entregue los datos pedidos en el marco de ley, finalmente la AAIP intervino y solicitó que se entreguen los informes correspondientes sobre no solo las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino – a la Quinta de Olivos, sino también el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios.
“Estamos frente a un gobierno que viola un derecho humano fundamental como es el del acceso a la información. La Agencia no tiene director y existe un claro desfinanciamiento de la entidad. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”, declaró Karina Banfi, autora de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Desde enero de 2021 la AAIP se encuentra sin Director, algo que con la jefatura de gabinete de Manzur parece no avanzar. A la fecha ni siquiera se inició un nuevo proceso de selección. Frente a esta irregularidad se suma la clara intención de desfinanciar al organismo. En el presupuesto 2022 elaborado por Martín Guzmán se le otorgaba a la Agencia de Acceso a la Información pública tan solo un 25,7 por ciento de aumento, con una inflación estimada por las consultoras privadas por encima del 50 por ciento. “Es evidente la política de desinterés por el acceso a la información pública del gobierno de los Fernández. Desde nuestro lugar de oposición estamos vigilantes y haciendo lo imposible por revertir esta situación y lograr que se respete un derecho humano que es central en cualquier democracia”, concluyó Banfi.
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