Después del peregrinaje que llevó a cabo hasta que finalmente la Justicia accedió a su reclamo, la diputada nacional del radicalismo, Karina Banfi, instará a una causa penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El origen de esta nueva etapa son las declaraciones judiciales formuladas por una de las participantes en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, durante la cuarentena en el 2020.
En este tiempo surgieron datos nuevos en el juicio que se lleva adelante por la causa conocida como “Olivosgate”. Una de las participantes de la fiesta de cumpleaños, Sofía Pacchi, al momento de comparecer ante la Justicia alegó en varias presentaciones en la causa, que la tiene como imputada por el incumplimiento de la cuarentena, que ella estaba en Olivos el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez, y en otros días también, ingresando a la residencia presidencial en carácter de empleada, trabajando para la primera dama.
Banfi sustenta su flamante iniciativa en la respuesta que recibió en septiembre del año pasado sobre la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia, asignados a las actividades y el desempeño de la primera dama. Solo mencionan dos empleadas: Carolina Marafioti y Andrea Muguillo. Pacchi no figura. Por lo tanto, Pacchi contradice a la Secretaría General de Presidencia.
“Si Sofía Pacchi era empleada es grave. Primero porque implica que la Secretaría General mintió u omitió en un pedido de acceso a la información pública. Segundo porque se estaría ocultando la nómina de empleados públicos, que por ley debe ser de libre acceso”, explicó Banfi.
Ahora, la diputada sostiene que al no hablar de Pacchi “hay un punto importante y delicado. O enmiendan esta situación o están mintiendo y ocultando la realidad”.
Por lo tanto, Banfi fue taxativa: “Voy a ir a una causa penal contra el Presidente y el secretario general de la Presidencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Y remató diciendo: “La inmoralidad, la falta de ejemplo que tenemos en este gobierno no es menor. Fabiola Yáñez utiliza fondos públicos sin ser funcionaria”.