Alguna vez, el presidente Alberto Fernández dijo, al evaluar el conflicto social y político que generó la resolución 125, que tenía para sí el aprendizaje de que esa enorme locura social no sirvió para nada. «Cuando uno se pone inflexible, quiere ir por todo y se puede quedar sin nada», reflexionó.
Tenía razón. Nunca es oportuno ni conveniente extremar las diferencias y la confrontación. Y en situaciones de fragilidad y gravedad como las que nos tocan vivir a partir de la pandemia, es exactamente lo contrario a lo que se debe hacer.
Son tiempos difíciles, el esfuerzo que requiere poner la economía en pie es enorme. Se necesita producir más y mejor, ser más inclusivos y equitativos en la distribución de la riqueza. Es inoportuno e inconveniente generar problemas como los que presenta la reforma de la Justicia. Con esta nueva maniobra, el oficialismo demuestra que le importa más la impunidad de su gente que el imperio de la ley.
Primero, fue la amnistía encubierta en la moratoria; ahora es la búsqueda de impunidad para la vicepresidenta y demás funcionarios sometidos a proceso.
Agitar las aguas, tensar la cuerda y avanzar en esta materia es un llamado a la movilización en contra de estos intentos de atropello.
Las manifestaciones que, aun en circunstancias difíciles y riesgosas, vuelcan a miles de ciudadanos a las calles son algo que tiene que ser advertido por el Gobierno y, por el riesgo que implica, debería procurar evitar. Está en el Presidente y solamente en él la posibilidad de calmar los ánimos y llevar tranquilidad a una sociedad cada vez más atenta a los desbordes del poder.
De insistir en este camino, serán decenas de miles lo que salgan a las calles. Muchos de los que no lo hicimos esta vez saldremos.
El deber de cuidar de los riesgos sanitarios a la población está ínsito en las cargas éticas y morales que conllevan el ejercicio de la presidencia.
Al presidente Alfonsín ir a Campo de Mayo frente al alzamiento de Semana Santa para hacer desistir de su actitud a los militares insubordinados le permitió cumplir con el objetivo que pudo proclamar en su hora más gloriosa: «La casa está en orden y no se derramó sangre entre los argentinos».
Ese sentido de responsabilidad y cuidado es el que le demandamos al presidente Fernández.
El contexto y las distintas acciones de política judicial del Gobierno son inequívocos, están procurando mejorar la situación de los procesados por delitos contra la administración. Así como en 1983 la democracia se basó en el principio de que no podía haber amnistía para el terrorismo del Estado ni para las organizaciones armadas por delitos cometidos durante un gobierno constitucional, la salida de esta crisis y el salto adelante de la Argentina no se pueden basar en la impunidad para los corruptos.
Quieren ir por todo, pero se pueden quedar sin nada.
«El que turbe su casa heredará el viento», es una parábola utilizada en la obra de teatro Heredarás el viento, de Lawrence y Lee. Una pieza maravillosa sobre la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. «El que turbe su casa heredará el viento» es una advertencia admonitoria, algo así como: «¡Ojo con lo que están haciendo!».
Varias de las iniciativas del Gobierno actúan como una fuerte perturbación que tensiona la casa que es nuestro país.
La pandemia nos lleva a foja cero, es tiempo de elegir cómo queremos reconstruir nuestra Argentina. Lo grita la calle, el Presidente debe escuchar y actuar en consecuencia.
Por Facundo Suárez Lastra PARA LA NACION
Diputado nacional por la UCR
