El 15 de diciembre de 1983, tan solo a cinco días de haber asumido la presidencia de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
La función fue averiguar los destinos de los desaparecidos, la determinación de la ubicación de niños sustraídos y robados por represores, así como denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento o destrucción de pruebas, entre 1976 y 1983.
El informe final fue entregado en manos a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, en uno de los actos recordados que perdurará eternamente y será uno de los emblemas de la recuperación de la democracia en nuestro país. A su vez marcó el final de la Comisión.
La CONADEP estuvo integrada por Ernesto Sábato, escritor elegido presidente de la comisión por el resto de sus miembros; Ricardo Colombres, abogado y exrector de la Universidad de Buenos Aires; René Favaloro, médico; Hilario Fernández Long, decano de la Facultad de Ingeniería que llegó a ser rector de la UBA; Carlos T. Gattinoni, pastor evangélico de la Iglesia Metodista Argentina, fuertemente involucrado en movimientos de derechos humanos; Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, uno de los mayores especialistas en epistemología; Marshall T. Meyer, rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, activo militante de los derechos humanos y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos; Jaime de Nevares, monseñor y activo defensor de los derechos humanos y del estado de derecho; Eduardo Rabossi, filósofo radical y activo militante de los derechos humanos; Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista; Santiago Marcelino López, diputado radical en representación del Congreso; Hugo Diógenes Piucill, diputado radical en representación del Congreso; Horacio Hugo Huarte, diputado radical en representación del Congreso.
Los secretarios fueron Graciela Fernández Meijide (secretaria de Recepción de Denuncias); Daniel Salvador (secretario de Procesamiento de Datos); Raúl Peneón (secretario de Procedimientos); Alberto Mansur (secretario de Asuntos Legales); Leopoldo Silgueira (secretario de Administrativo); y Agustín Altamiranda (secretario)
El Decreto 187/83, el Poder Ejecutivo Nacional, sostuvo que la creación de la CONADEP permitiría conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la dictadura reciente, y que sería la base de la reconciliación nacional.
Durante nueve meses, se recibieron testimonios de familiares de desaparecidos, sobrevivientes y otros testigos. Analizó documentación y realizó visitas de inspección a los centros clandestinos de detención donde estuvieron cautivos los desaparecidos denunciados.
Ernesto Sábato entregó el informe “Nunca Más”, en carácter de Presidente de la Comisión. Allí le expresó al presidente Alfonsín: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacer comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror”.
También existió el Decreto 157/83, con el cual Alfonsín promovió la acción penal contra las cúpulas de las Juntas Militares y las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que actuaron desde el 25 de mayo de 1973.
