El tratamiento en Comisión de la Ley de Alquileres finalmente no tuvo acuerdo y habrá tres dictámenes para votar en el Congreso.
Mientras el Frente de Todos mantuvo los dos puntos principales del modelo actual: el plazo de 3 años de alquiler y la actualización anual por el índice para contratos de locación que combina en partes iguales inflación (IPC) y evolución de los salarios (RIPTE), Juntos por el Cambio sostuvo volver al sistema del Código Civil que fijaba 2 años de contratos y que las partes acuerden los incrementos libremente: en un tiempo no menor a seis meses y sin un índice pre establecido.
Tres diputados radicales que trabajaron en el tratamiento ofrecieron pormenores de la propuesta. Karina Banfi comentó que “desde Juntos por el Cambio dictaminamos una modificación a la Ley de Alquileres para ajustarla a la realidad: actualización cada 6 meses, 2 años de contrato con posibilidad de sumar uno más y acuerdo de las partes para elegir la fórmula de indexación”.
Explicó que “el mercado de alquileres en Argentina es fragmentado y cuentapropista. Nada tiene que ver con los que existen en otros países que necesitan regulación para evitar monopolios. En Argentina lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler”,
Fabio Quetglas consideró “necesitamos crear estímulos para generar la oferta de inmuebles en alquiler. No podemos seguir obviando el rigor técnico para legislar. El dictamen que propone Juntos por el Cambio es sensato. Buscamos incorporar los incentivos fiscales y hacer el giro que corresponda para aumentar la oferta”.
En tanto Sebastián Salvador ofreció detalles de la propuesta de la coalición, que tiene los siguientes ejes: “Planteamos que el plazo mínimo de locación en general vuelva a lo que disponía anteriormente el código civil y comercial. En cuanto al modo de actualización de los montos del contrato, en nuestra propuesta se deja a libre consideración de las partes fijar el modo de actualización periódica, es decir, cada cuánto tiempo se hacen los aumentos del contrato. En referencia a la garantía, que para las partes sea facultativo, siendo ellos quienes dispongan el vínculo contractual, pregonando transversalmente en el proyecto la defensa de principios de libertad de contratación, y autonomía de la voluntad”.
Por el momento, la votación en el recinto no tiene fecha.