Los bloques de diputados nacionales de Juntos emitieron un comunicado acerca de la desfinanciación en las prestaciones para personas con discapacidad, que ha generado airadas protestas en todo el país.
Bajo el título “Las personas con discapacidad deben ser prioritarias”, se sumaron al reclamo por el retraso en los pagos a los profesionales que trabajan en el sector, que incluye a transportistas, kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes.
“La última semana ha sido por demás angustiante para las personas con discapacidad y sus familias. La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política carente de sensibilidad”, señalaron desde Juntos por el Cambio.
“Mientras que el 25 de agosto se anunció un ajuste al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a los dos días se informaba a las obras sociales que se iba a girar una suma fija para financiar el ‘gasto’. Suma, por demás, insuficiente”, señalaron los legisladores.
“La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política carente de sensibilidad. A su vez, la demora en el pago de las prestaciones no encuentra justificación. Distintas organizaciones que aglutinan prestadores de servicios para las personas con discapacidad han manifestado demoras en los pagos de los servicios prestados, con retraso desde abril del 2022 y con problemas incluso provocados por la AFIP, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. La demora en el pago, en el contexto inflacionario imperante, perjudica no solo patrimonialmente a los prestadores, sino que pone en riesgo la calidad de servicios otorgados, perjudicando al final del día, a los más vulnerables”, agregaron.
También marcaron que “el ajuste presupuestario” llevado adelante por el ministro de Economía, Sergio Massa: “No puede ser nunca hecho sobre las personas con discapacidad”.
Finalmente instaron al Gobierno Federal, “a través de los órganos que corresponden, a regularizar la situación expresada y reclamamos que garantice la disponibilidad absoluta de fondos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
