Por Fabio José Quetglas, diputado nacional (UCR-Juntos por el Cambio)
En las últimas décadas se han dado en Argentina distintos debates sobre la legitimidad, conveniencia o condiciones necesarias para el despliegue de determinadas actividades económicas. La mayoría de los mismos ha ocurrido en malos términos, con información poco clara, intereses ocultos y prejuicios de los más diversos. La pésima calidad de la conversación pública ha sido el caldo de cultivo que ha justificado una actitud reactiva frente a iniciativas riesgosas o planteos disruptivos.
El país ha sido atravesado por un ruido ensordecedor, y ya se trate de la cría de salmones en Tierra del Fuego, la actividad pastera en Entre Rios, o la minería metalífera en algunas provincias, el resultado que se repite es el asedio a las instituciones, el bloqueo del debate y la imposibilidad de impulsar actividades cuyo retorno económico (entre otras cosas) depende de una razonable estabilidad normativa.
El problema es severo en un país estancado, con territorios que son verdaderos desiertos económicos, generadores sistemáticos de migraciones involuntarias.
El argumento de la “peligrosidad” es perfectamente comprensible, y desde ya es una obligación del sistema institucional construir certidumbres. Pero no es menos cierto, que en Argentina se han bloqueado plantas semilleras ubicadas a pocos kilómetros de lugares con actividad nuclear, o se ha impedido el establecimiento de una planta celulósica siendo que el país cuenta con otras de tecnología ambientalmente inferior.
En una sociedad compleja, en la que usamos cotidianamente metales y papel en nuestra vida diaria (por solo poner dos ejemplos); el debate que tiene sentido en torno a esas actividades es el siguiente: ¿cuál es el estándar de actuación que creemos que nos da garantías razonables de utilidad social para justificar su implantación?
El 100 % de las actividades bloqueadas en Argentina se llevan adelante en países de la región y en potencias de primer orden en materia de protección social y ambiental (el ejemplo claro es la actividad forestal en los países nórdicos, o la minería en Canada y Australia).
Una parte importante de la sociedad movilizada contra estas iniciativas no confía en que el estado argentino o los gobiernos provinciales puedan llevar adelante los controles adecuados, para el normal desenvolvimiento de la actividad.
Motivos no les falta, pero es justicia decir que en Argentina se llevan adelante tareas de mucho riesgo (control de centrales térmicas o hidroeléctricas, navegación aerocomercial, intervenciones sanitarias de complejidad, desarrollos biotecnológicos, etc) con resultados dentro de los estándares internacionales, y muchas de dichas actividades se despliegan sin conflicto, gracias a la calidad de nuestros técnicos y a los cuidados articulados de sector público y sector privado.
Otra parte de la sociedad movilizada, ha extendido al debate económico una perspectiva autoritaria y antipluralista, arrogándose del derecho del conjunto social de determinar que actividades, que tecnologías o que escalas de actuación están habilitadas a funcionar en territorio argentino. Se trata de un poder que nadie les delego.
No proponen dialogar, analizar, controlar, cotejar costos y posibilidades. Simplemente “cancelan” con la palabra NO, actividades que ya se practican en otro lugar del país o a pocos kilómetros cruzando una frontera.
En este contexto, la pregunta por “SI” o “No” a una actividad, constituye un avance en materia de construcción de permiso social, pero al mismo tiempo es el reflejo de una simplificación empobrecedora, que pretende resolver con un monosílabo una complejidad que arriesga el futuro de personas y territorios en cualquiera de las dos respuestas.
La “cancelación económica” es el otro nombre del miedo y también de la irresponsabilidad.
El país integrado, de amplias clases medias y macroeconomía ordenada, con empleo y posibilidades de realización, necesita de una base económica más amplia y más diversa. No será bloqueando iniciativas que vamos a poder construirla.
Los cuidados ambientales, las necesidades infraestructurales, la convivencia entre actividades económicas, la captación de renta, la resolución del futuro para el caso de la extracción de bienes no renovables, etc deben ser parte del menú de discusión y no el argumento para evitar toda actividad que venga a romper el status quo.
La defensa irrestricta de la cancelación implica el mantenimiento de la estructura económica actual, muy dependiente del agro para obtener divisas, muy dependiente del sector público en materia de empleos y absolutamente desequilibrada territorialmente.
Con un debate de calidad, perderemos el miedo y podremos encontrar soluciones. El futuro argentino necesita más cuidados, pero también mucha más economía.
