“Los desajustes y problemas que ha generado la suspensión del régimen académico para los equipos directivos y docentes durante tres ciclos lectivos es desde nuestro punto de vista una falta grave, siendo la Dirección General de Cultura y Educación, por intermedio de la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Educación Secundaria, las únicas responsables de los conflictos que se generan dentro de las escuelas del nivel como consecuencia de esta decisión desajustada a la normativa vigente”.
Esta conclusión es la que hicieron conocer los consejeros generales de Cultura y Educación de Juntos, Natalia Quintana, Diego Martínez y Matías Lobos, mediante una nota remitida al ministro Alberto Sileoni, ante los inconvenientes que se vienen suscitando en el nivel secundario bonaerense “tras culminar los períodos de intensificación de febrero/marzo, con numerosos conflictos acerca de la cantidad de alumnos que no están en condiciones de promocionar”.
Después de reclamar por la respuesta a una serie de preguntas formuladas días pasados, Quintana, Martínez y Lobos señalaron que “esta convivencia altera la vida institucional de las escuelas, generando estado de incertidumbre e inseguridad a la hora de tomar decisiones, obligando a directivos y docentes a actuar fuera de la norma, y desarticulando la lógica normativa del régimen académico vigente con el correspondiente trastorno para los estudiantes y sus familias”.
Requirieron que se notifique a todos los equipos directivos del nivel secundario, mediante nota clara y precisa, que “la única normativa vigente por la cual se definen con certeza las condiciones de la trayectoria educativa, tales como la asistencia, evaluación y promoción de los alumnos, es el régimen académico del nivel secundario establecido en la Resolución 587/2011.
Esto sucede por la decisión de la gestión educativa de la Provincia en el 2020, cuando suspendió el régimen académico del nivel para el bienio que incluía el 2021, considerado como un ciclo lectivo. Luego la extensión de la medida incluyó el ciclo 2022, que fue conocida a través de una serie de comunicaciones. Pero, “tal como lo hemos manifestado a lo largo del año 2022, una comunicación no tiene capacidad regulatoria para producir la continuidad de la suspensión del régimen académico”, destacaron los consejeros.
Además, indicando que “durante el ciclo 2022 debían llevarse a cabo las acciones que permitieran realizar la transición para regresar a la plena vigencia del régimen académico”, sobre lo que fue una “decisión equivocada que ha puesto a las instituciones educativas, a los alumnos y sus familias en una situación de incertidumbre”.
Como si esto fuera poco, “hemos sido informados que al iniciar el ciclo lectivo 2023 la gestión educativa obliga a las escuelas del nivel secundario a ignorar el régimen académico vigente”, por lo que queda demostrado que todo este escenario de ambigüedad ha impactado de manera negativa en las escuelas por la coexistencia de normativas discordantes”.
La nota remitida al ministro Sileoni:
