“Hay abuso de autoridad de parte del Presidente, a través de su abogado Gregorio Dalbón, al anunciar que iniciará acciones de daños y perjuicios a un ciudadano que participa de un show televisivo”, señaló la diputada nacional Karina Banfi. “Lo que están buscando en el fondo es que la ciudadanía se autocensure, que nadie dé una opinión pública sobre los actores del poder”, agregó la vicepresidenta del Bloque UCR.
Banfi fue una de las voces que cuestionó la actitud del abogado, y en especial del presidente de la Nación, Alberto Fernández, preocupado por las expresiones de un participante del reality televisivo “Gran Hermano”. Allí Walter Santiago, apodado el “Alfa”, dijo conocer al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño. “Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández”, dijo.
Luego se conocieron expresiones de Dalbón, a su vez uno de los abogados de la vicepresidenta Cistina Kirchner, quien advirtió tanto a Telefe como a la producción del programa de cesar con las “injurias” hacia Fernández. “De persistir las injurias tanto Telefe, la producción del programa y el participante serán pasibles de daños y perjuicios por daño contra el honor del presidente de la Nación” y les dio 48 horas para retractarse.
Alejandra Lordén
“Algunas cosas de las que podrían ocuparse el Presidente y su equipo en lugar de ver Gran Hermano: 5,5 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza; 83% de inflación interanual; 42% de informalidad laboral. Alberto Fernández apague la tele y salga a la calle”.
– Alejandra Lordén, diputada provincial UCR –
“La Corte Interamericana de DDHH en el caso Kimmel (2010), pidió a la Argentina que termine con las imputaciones judiciales, tanto civiles como penales, a la expresión. Cristina Kirchner sólo acató la mitad de esta recomendación y derogó las calumnias e injurias del derecho penal. Pero el kirchnerismo dejó en el Código las acciones civiles de los funcionarios a ciudadanos. Hoy el Presidente está haciendo abuso de estas figuras, cuando debería ser él quien demuestre su honorabilidad y transparencia sin necesidad de recurrir a la Justicia, como por ejemplo a través de la vocera presidencial, que podría mostrar las declaraciones juradas del Jefe de Estado”, explicó Banfi.
“Los ciudadanos de a pie pueden decir cualquier cosa. El funcionario aludido no tiene que iniciar un juicio, sino demostrar su inocencia. Los tratados internacionales de transparencia dicen que es el funcionario el que tiene que demostrar que los presuntos agravios son falsos, no la persona que libremente se expresó”, recordó Banfi, además, que desde 2017 viene presentando un proyecto de ley que establece “a los efectos de solicitar el pago de la indemnización, los funcionarios públicos y las personas particulares que se hubieran involucrado voluntariamente en asuntos de interés público deberán probar la falsedad de las expresiones consideradas agraviantes. Asimismo, deberán demostrar la existencia de una intención maliciosa probando que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad y que se hizo con el único propósito de dañar”.
