“Re-presenté con el apoyo del bloque de diputados de la UCR en el Congreso Nacional el proyecto de ley para crear un régimen de protección de denunciantes y víctimas de los delitos de corrupción”, comentó la diputada Karina Banfi.
“¿Qué significa esto?”, se preguntó. “Significa que a todas las personas que denuncien o sean testigos de delitos contra la administración pública, tendrán reserva de identidad y un programa de protección laboral y personal, que incluiría a sus padres e hijos de ser necesario”, aclaró.
Para Banfi “esta medida animaría a que más personas hagan la denuncia, colaborando con los avances en las investigaciones y causas judiciales, ya que estarán protegidas y lograríamos avanzar en las causas de corrupción”, y destacó que en grupo de ciudadanos liderados por Gastón Ignacio Marra comenzaron en “Change.org” una campaña para lograr que Argentina tenga un programa de protección de “whistleblowers” (denunciantes).
“Junto a otros proyectos queremos debatir en el Congreso de la Nación leyes que nos den seguridad y transparencia a todos los argentinos”, sentenció.
Desde Change.org se sostiene que “tenemos que proteger a las personas que denuncian la corrupción en Argentina. Hoy no están protegidas como debieran. Los países que tiene altos índices de corrupción son los menos desarrollados y también son los de mayores niveles de pobreza. La corrupción es por naturaleza poco visible y clandestina. Nadie pide recibo cuando paga coimas”.
Ante esto, la organización manifiesta que “para que nos puedan proteger de la corrupción necesitamos proteger a las personas que se atreven a denunciar esos hechos que el poder mantiene ocultos” y requiere a los argentinos que firmen el petitorio “para que el Congreso de la Nación apruebe una ley de protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción”.
Además, considera que “es necesario que el Estado cuente con un sistema de protección que asegure asistencia jurídica, sicológica y económica a toda persona denunciante de ilícitos cometidos en perjuicio de los fondos públicos. Así como actualmente se premia al testigo arrepentido con una reducción de su pena, también debería hacérselo, a modo de incentivo, con quien denuncia de buena fe hechos de corrupción sin estar involucrado en los mismos”.
Agrega que se requiere de un programa “que funcione bajo la órbita del Poder Judicial y no como ahora, que depende de la discrecionalidad del Ministerio de Justicia. Actualmente sobre 24 provincias existen 17 subsistemas de protección, todos absolutamente descoordinados entre sí, y que en general no comprenden los casos de corrupción”.
Finalmente expresa Change.org que “proteger a los testigos y denunciantes de corrupción es salvar vidas. Porque la corrupción mata. Las 51 víctimas fatales del accidente del tren en la estación Once y los 194 muertos en el incendio de Cromañón son dos pruebas irrefutables. Un denunciante protegido es un testigo a salvo. Y un testigo a salvo que llega a declarar en un juicio rompe la impunidad, aporta pruebas para condenar a los corruptos y elementos para recuperar los activos de las mafias. Porque cuando el Estado protege a un denunciante de corrupción nos protege a todos”.
