“El gobierno decidió cerrar la Subsecretaría de Protección c/la Violencia de Género. Presenté entonces, un Pedido de Informes para que hagan pública la auditoría interna con la que argumenta esta decisión. ¿Quién asumirá la responsabilidad de las políticas que deben continuar?”, expresó la diputada nacional de la UCR, Karina Banfi.
La parlamentaria decidió, acompañada de Mario Barletta, Marcela Coli, Melina Giorgi, Roxana Reyes y Fabio Quetglas, que sea el Poder Ejecutivo Nacional, a través del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, “que brinde información sobre la decisión expresada en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia el día 7 de junio de 2024, donde se anunció el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género”.
📢 Ante el anuncio del gobierno nacional de cerrar de forma definitiva el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, las diputadas @KBanfi y @CarlaCarrizoAr presentaron proyectos de resolución para que el Poder Ejecutivo explique y cumpla la ley existente.
Abrimos hilo 🧵
— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) June 10, 2024
En tal efecto, Banfi solicitó:
*Copia completa de la auditoría mencionada en el comunicado oficial que indica que, como resultado de la misma, se detectó una clara superposición de funciones en el área de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género con distintas agencias gubernamentales que realizan tareas similares. lo cual llevó a la eliminación definitiva del organismo.
*Quién estuvo a cargo de la realización de esta auditoría.
*Informe qué áreas de gobierno serán las encargadas de continuar con las funciones y políticas públicas que legalmente estaban a cargo del anterior Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, y de la actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
*Indique si, además de la auditoría interna, se tuvieron en cuenta informes y/o auditorías realizadas por otros organismos del Estado. En caso afirmativo, que se remiten los mismos, especificando si las conclusiones coinciden con las de la auditoría interna realizada por el Ministerio de Justicia.
La medida fue desaprobada por diferentes actores, como instituciones y legisladores, pues el país registra la pena estadística de un feminidio cada 35 horas.
